Dentro del sector, los mayoristas son el eslabón de la cadena que recibe la mayoría de esas multas.
La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha informado sobre las multas tramitadas por la Agencia de Control e Información Alimentaria (AICA), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre las que destaca por número las impuestas a agentes del sector de las frutas y hortalizas como infractores, y más específicamente a los mayoristas, que acaparan el 87% de las multas que se refieren al sector hortofrutícola, que por su parte suponen el 80% del total de multas impuestas por este organismo.
A juicio de UPA, el trabajo de la agencia es muy positivo, ya que los que incumplen deben pagar, pero va más allá al solicitar que intensifique la vigilancia y que incluso se hagan públicos los nombres de las empresas infractoras. “Solo así (han declarado desde la Organización de agricultores) podría llevarles a una reflexión y a cambiar de actitud”
La mayoría de las sanciones son por incumplimiento del pago a proveedores.
Un 43% de las sanciones impuestas por la AICA son debidas a incumplimiento de los plazos de pago a los proveedores, lo que a juicio de UPA es intolerable, ya que perjudica gravemente a los productores, sin olvidar que es ilegal desde 2010, antes incluso de la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria,
Por ello, UPA anima a los agricultores y ganaderos a que exijan la formalización de sus relaciones a través de un contrato donde se establezcan claramente los plazos de cobro, y que se denuncien los incumplimientos, ya que solo así se conseguirá cambiar estos malos hábitos que perjudican gravemente al sector.
La venta a resultas, perseguible por la comunidades autónomas
Otra de las denuncias que ha realizado UPA se refiere a los incumplimentos sistemáticos por parte de las comunidades autónomas de la obligación de perseguir la venta a resultas, en la que los intermediarios se llevan la fruta sin que el agricultor sepa cuánto ni cuándo va a cobrar por su trabajo, ya que son ellas las que deben denunciarlas, ya que las presentadas por UPA en este sentido han sido desestimadas, lo que a juicio de UPA pone de manifiesto «la gran carencia de la Ley de la Cadena al no poder sancionar esta práctica».
Para UPA la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013) consigue equilibrar las fuerzas entre productores y la gran distribución, y evita las prácticas abusivas, ya que regula los contratos y establece la obligación de que se formalicen por escrito cuando superen los 2.500 euros, fijando el precio de antemano para evitar la venta a resultas, protegiendo así a los productores.
